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Google apela el derecho al olvido global

La compañía Google no está a favor de procurar a los ciudadanos un derecho al olvido a nivel global, mundial. Por ello ha decidido no acatar un requerimiento de la agencia de protección de datos francesa que le instaba a borrar enlaces de la lista de resultados de todos sus buscadores y no únicamente los europeos.

En palabras de Peter Fleischer, Global Counsel Privacidad de Google, la compañía ha acatado con rapidez la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en la que se establecía la obligación de borrar de sus lista de resultados en todas las versiones de su buscador en Europa, aquellas informaciones inadecuadas, irrelevantes, excesivas, difamatorias, que no tengan interés público, asociadas al nombre de una persona. En un año, desde la sentencia de mayo de 2014, se han evaluado y procesado más de 250.000 solicitudes.

La agencia de protección de datos francesa conocida como la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) va más allá y ha pedido a la compañía que elimine este tipo de resultados de todos los buscadores, abogando así por un derecho al olvido global. Una petición que no es aceptada por el buscador al considerar que sí existe una ley de derecho al olvido a nivel europeo, pero no existe tal obligación a nivel mundial.

Sus argumentos para no proveer a los ciudadanos que lo soliciten de un derecho al olvido global son varios:

  • Internet dejaría de ser libre
  • Ningún país tiene autoridad para decidir qué información es accesible en otros países
  • Es una decisión desproporcionada e innecesaria. En Francia el 97% de los usuarios acceden a Google en alguna de sus versiones europeas, donde sí se aplica el derecho al olvido.

Desde la CNIL defienden el hecho de que para que la sentencia del Tribunal de Justicia Europea sea eficaz, es necesario que se acate en todas las extensiones del buscador, incluida la de Google.com.

De momento el organismo francés sólo ha hecho un requerimiento para que Google imponga un derecho al olvido global, pero esta actuación no implica ningún tipo de sanción, en caso de que el buscador se niegue, puede ser multado con hasta 150.000 euros.

Desde Google señalan que están abiertos al diálogo y la cooperación con todas las entidades de protección de datos y que seguirán trabajando y colaborando de manera abierta y transparente.

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