El Tribunal Supremo español ha sentenciado que el responsable de aplicar el derecho al olvido es quien realiza el tratamiento de los datos. En consecuencia quien debe asegurar el derecho al olvido es la matriz de Google en Estados Unidos.
La Agencia Española de Protección de Datos hasta esta sentencia dirigía sus actuaciones sobre la filial de Google en España, a la que exigía la retirada de los enlaces con información personal, anticuada, obsoleta, sin interés público de los resultados de búsqueda, cuando se realiza la búsqueda en función de los nombres y apellidos de los aludidos.
Sin embargo, el Tribunal Supremo considera en su sentencia que corresponde al responsable del tratamiento de los datos personales “garantizar que el tratamiento se ajusta a los principios y condiciones de la normativa reguladora y asumir las correspondientes obligaciones al respecto” y que es el gestor del motor de búsqueda -la matriz en Estados Unidos-, el que determina los fines y los medios de esta actividad y, por lo tanto, el responsable de ese tratamiento.
A su modo de ver, la filial de Google en España «no desarrolla ninguna actividad de tratamiento de datos, no interviene en la actividad del buscador y se limita a una actividad de promoción publicitaria»
De este modo, la Agencia Española de Protección de Datos debe exigir el derecho al olvido de los reclamantes sobre la matriz y no sobre Google España. Para hacerlo, aclara que primero el ciudadano debe haber dirigido su petición al buscador y al responsable (webmaster) de la página web donde aparezca la información que quiere que desaparezca de los resultados de búsqueda y de la red. Si no recibe respuesta o esta es negativa, es entonces cuando debe acudir a la AEPD para que se encargue de la tutela de sus derechos.
Con la entrada en vigor en 2018 del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, las empresas que aún no teniendo su sede en la Unión Europea, sí ofrecen sus servicios en su territorio, estarán obligadas a cumplir con la normativa al igual que lo hace una empresa local. De este modo, Google está obligado a asegurar el derecho al olvido.
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