Hacer un comentario injurioso en alguno de nuestros perfiles sociales puede salir muy caro, tal y como demuestra la sentencia dictada por un juez de Madrid contra un usuario de Twitter por publicar tweets ofendiendo a la delegada del Gobierno en dicha comunidad, Cristina Cifuentes y comentarios en su perfil de Facebook.
Como informa la agencia de noticias Europa Press, la persona que hay detrás del usuario de Twitter @Ximicomix, deberá pagar 1.000 euros a la delegada del Gobierno, al incurrir en un delito de injurias. El dinero será destinado a una ONG, según señala la agencia. Además, pagará 300 euros de multa y las costas del proceso.
Además, el usuario deberá publicar la sentencia -a la que se ha llegado tras un acuerdo entre las partes sin que se haya llegado a ir a juicio- en su blog y cerrará los perfiles que usó para cometer las injurias.
La delegada del Gobierno llegó a pedir hasta cuatro años de cárcel para el acusado. A pesar de la sentencia, Cifuentes se ha mostrado satisfecha y ha asegurado, tal y como publica el periódico El Mundo, «Es una sentencia muy importante porque es pionera en España, y demuestra que lo que es delito en la vida real también lo es en la vida virtual. No puede salir gratis insultar o amenazar a todo el mundo ocultándose en las redes sociales».
Desde Bórrame queremos recordar que esta sentencia sin embargo, no elimina de la red las injurias lanzadas por el usuario, ya que estos tweets generaron a su vez un aluvión de críticas e insultos a Cifuentes, lanzados por otras personas, las cuales a su vez, también estarían incurriendo en un delito de injurias.
Mientras no exista una legislación al respecto que obligue a asegurar el derecho al olvido y la cancelación de determinadas informaciones que pueden ser consideradas un delito, las injurias seguirán circulando por la red.
En un post anterior ya os hablamos de una sentencia similar en la que un juez exigía la retirada de un enlace en la web de un periódico en el que se daba una noticia sobre él, que suponía una intromisión a su honor e iba en contra de su derecho al olvido digital. Lo podéis leer en este enlace.